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Consideraciones sobre el esquema regulador del servicio de agua y saneamiento vigente en el AMBA

Fuente: Informe Digital Metropolitana (Fundación Metropolitana)

*Abogada, especialista en Derecho Administrativo, docente universitaria, Coordinadora Nacional de Dto. de Derecho Ambiental de la AADA y actual Directora en representación de la Ciudad de Buenos Aires del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y Vicepresidente del mismo).

Desde octubre de 2006, se ha puesto en marcha un nuevo esquema regulatorio definido por el Convenio Tripartito suscripto entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, convalido por la ley marco 26.221 sancionada por el Congreso de la Nación en el 2007 y ratificada después por las respectivas legislaturas. La Presidencia, en conformidad con dicho ordenamiento, es ejercida por el representante de la Nación y la Ciudad hoy ocupa, por el período de un año, la Vicepresidencia del mismo.

Allí se estableció un nuevo marco regulatorio para el desenvolvimiento de AySA, prestataria de los servicio de agua y cloacas en la región metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y 17 municipios de la pcia. de Buenos Aires que conforman la llamada área regulada) que definen dos aspectos de suma relevancia: la consagración del acceso al agua potable como un derecho humano y que la prestación es un “servicio público”. De esta manera el Estado volvió a otorgar carácter fundamental al acceso a los servicios de agua potable y desagues cloacales, los que revisten importancia por sus efectos sobre la salubridad y la dignidad de las personas. Pensemos en el enorme impacto que tiene el agua sobre nuestras vidas, más o menos se puede vivir sin luz, sin gas, sin teléfono, pero sin agua, no hay vida.

Por su parte, y a los fines de lograr una eficiente y eficaz gestión, el Estado argentino decidió concentrar en sí el planeamiento, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, la prestación, por parte de la Sociedad Anónima de capitales estatales denominada Aguas y Saneamientos Argentinos y el control sobre el servicio ejercido por dos entidades autárquicas independientes, a saber: el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). Nótese que a través de estos cambios se ha puesto de manifiesto que el servicio de agua potable y saneamiento no debe ser prestado por una empresa de capitales privados (véase los casos de Estados Unidos, España, entre otros) ya que dichos servicios hacen al interés público, al bienestar general, principios totalmente ajenos al ánimo de lucro que persigue una empresa privada.

En esta línea, pasaré revista sobre algunas cuestiones vinculadas al ERAS, quien tiene a su cargo el “control” sobre la prestación del servicio en lo que hace a la contabilidad regulatoria de la concesión, la calidad de agua y efluentes, el régimen de tarifas, los servicios desvinculados (tópico de gran relevancia), la relación con los usuarios y la protección de los intereses de la comunidad, entre otros aspectos; quedando en manos de la APLA la planificación sobre el desarrollo de los servicios y su respectivo control sobre la aprobación y ejecución de la obras.

En el marco regulatorio (ley 26221) quedaron definidos los “derechos y obligaciones de los usuarios” en relación al servicio y se ubicó al ERAS como el ámbito al que pueden recurrir los usuarios cuando entienden que la empresa concesionaria no les da un servicio razonable o tienen alguna queja al respecto, después de reclamar en primera instancia ante la propia concesionaria. Para atender estos potenciales reclamos de los usuarios, en nuestra sede de Callao 982 funciona una Oficia de Atención a Usuarios a la que se puede recurrir en forma personal, o a través de una línea gratuita 0800-333-0200 o de la página www.eras.gov.ar . También se atiende a los usuarios en relación a su incorporación a la Tarifa Social de la concesión, a la que pueden acceder usuarios residenciales con problemas graves de ingresos, así como entidades sociales sin fines de lucro.

Es del caso destacar que se hallan representados en la Sindicatura de Usuarios conformada por representantes ad honorem de las asociaciones de usuarios y consumidores. En este esquema, participan las más reconocidas ONGS que bregan en la actualidad por los derechos de los consumidores, las cuales que tienen acceso a los reclamos de los usuarios y a las disposiciones y resoluciones del organismo en relación a la marcha del servicio que controla

Las reuniones de Directorio del ERAS son abiertas, se puede asistir a ellas los ciudadanos, los afectados y el tercer sector en general, en carácter de oyente; y de acuerdo al decreto 1172/03 de acceso a la información pública que reglamenta la “gestión de intereses”, la agenda de directores y gerentes es pública. En mi caso, cuento con privilegio de ser la primer funcionaria del organismo que tiene publicada en web específica la primera audiencia acordada a una ong, en el caso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (www.mejordemocracia.gov.ar ).

En cuanto a la instrumentación del régimen de audiencias públicas, se halla hoy en pleno proceso de elaboración. Pero entiendo uno de los grandes desafíos para la agenda 2009 será la implementación del mecanismo que habilite la figura del Defensor del Usuario, un elemento nuevo que incorpora el marco regulatorio, el cual tendrá que representar institucionalmente los intereses de los usuarios en audiencias públicas o en procedimientos administrativos o contenciosos donde los derechos de los usuarios pudieran ser afectados y el ente regulador sea parte. A ello se suma con eje de trabajo central el perfilar los lineamientos de un modelo de ciudad para todos e inclusiva, que garantice el pleno acceso a la red de agua y cloacas; así como apoyar las acciones que tanto desde el ámbito nacional como de la provincia se canalicen a favor de los derechos de los usuarios, de los que hoy cuentan con servicios adecuados, como de los excluidos que deben ser incorporados al servicio.

Será de vital importancia para la actual gestión ejercer un control cotidiano sobre la concesionaria, colaborar en la etapa final de elaboración del contrato administrativo de concesión de AYSA, próximo a suscribirse, ya que a mi entender, el control no debe actuar en forma refleja ante el incumplimiento de la citada empresa prestataria, sino que a los fines de evitar los posibles incumplimientos, el rol del regulador debe ser aquel que acompañe la prestación ininterrumpida del servicio, que pueda prever aquellas falencias en la prestación y, que sólo ante el reiterado incumplimiento por parte de la Concesionaria, esta sea sancionada. Con esta visión creo que es posible lograr una mejor prestación del servicio.

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