Sociedad Ambiental

Red Social Ambiental Iberoamericana

“La Corte suspende el ecocidio en el bosque salteño”, por María Eugenia Di Paola y José Esain

BOLETÍN DE NOTICIAS:nota a fallo CSN Salasy resolución de la CSN por competencia en la causa Mendoza Beatriz (por la contaminación del Riachuelo).
1.- NOTA A FALLO:

Recientemente la Revista la Ley ha publicado la nota a fallo que escribieran María Eugenia Di Paola, la que puede leerse en www.jose-esain.com.ar

Un extracto de la misma es el siguiente

LA CORTE SUSPENDE EL ECOCIDIO EN EL BOSQUE DE SALTA.

Publicado en la revista la ley el miércoles 20.5.2009 p. 3 con nota de María Eugenia Di Paola y José Esain, “La Corte suspende el ecocidio en el bosque salteño”, p. 4/10.

Por María Eugenia Di Paola y José Esain

“Si no canto lo que siento
me voy a morir por dentro
he de gritarle a los vientos hasta reventar
aunque sólo quede tiempo en mi lugar
si quiero me toco el alma
pues mi carne ya no es nada
he de fusionar mi resto con el despertar
aunque se pudra mi boca por callar
ya lo estoy queriendo
ya me estoy volviendo
canción, barro tal vez....
y es que esta es mi corteza
donde el hacha golpeará
donde el río secará para callar…”
(“Barro tal vez”, Luis Alberto Spinetta)

1. Introducción

A fines del año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión de suma importancia en vinculación al reclamo de un conjunto de personas, organizaciones, comunidades indígenas y campesinas de Salta que plantearon una acción contra los Estados provincial y nacional por el cese y la recomposición del daño ambiental ocasionado por los desmontes en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria de dicha provincia. Los actores solicitaron la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas a esos efectos y la prohibición de otorgarlas en el futuro. Asimismo, requirieron se otorgue una medida cautelar a fin de suspender aquellos desmontes que se estaban llevando a cabo en su territorio.
El fallo “Salas” constituye entonces otro hito en las decisiones de nuestro Supremo Tribunal, el cual hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada y llamó a una audiencia pública que se llevó a cabo el 18 de febrero del corriente, con la finalidad de que en la misma se presenten los informes del caso por parte de las autoridades, como así también la petición de las comunidades y su fundamento.
La Corte basa su decisorio en la Constitución Nacional y la legislación de presupuestos mínimos de protección ambiental, a saber: la Ley General del Ambiente y la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, y hace hincapié en el Principio precautorio, presente en ambas leyes.
El caso expone un claro contraste con el débil progreso de este tema en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, que tras meses de dilación recientemente emite el Decreto 91/2009 que permite reglamentar la ley 26331 (LBN en adelante) y sobre todo frente a las enormes dificultades que a nivel provincial se vislumbran para la implementación de la norma, lo que se manifiesta en Salta con los procesos de ordenamiento ambiental del territorio y con la necesidad de que el mapa provincial se condiga con los mínimos federales.
Finalmente, como algún reparo tenemos con respecto al tipo de actuación de la Corte, nos parece interesante también hacer foco en esos aspectos de derecho procesal constitucional. Estamos ante un tipo de intervención donde el Alto Tribunal, dilatando su análisis acerca de si corresponde su actuación en competencia originaria y exclusiva, exhorta a los demás poderes federales o a los gobiernos provinciales para evitar inconstitucionalidades futuras. Esto resulta ser una novedad en nuestro panorama jurídico y por este motivo también lo analizaremos.

2. La Ley de Bosques Nativos, las comunidades indígenas y campesinas y los compromisos internacionales en la materia.
A fines del año 2007, la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos planteó un punto de inflexión en el tratamiento de este tema en el país. Esta norma ha sido el resultado de un involucramiento de la sociedad civil sin precedentes en la temática ambiental, puesto de manifiesto en la acción conjunta de una serie de reconocidas organizaciones no gubernamentales, las cuales, junto al reclamo de un millón y medio de ciudadanos, lograron que el Congreso Nacional procediera a sancionarla.
Esta ley forma parte del conjunto de leyes sectoriales de presupuestos mínimos de protección ambiental, sancionadas de acuerdo al mandato establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional, el cual en su párrafo 3ro establece que “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales” y, por esta causa, debe ser interpretada en consonancia con la Ley General del Ambiente. Esta última es una ley de alcance transversal que podríamos denominar marco en materia ambiental. Su texto reúne aspectos básicos de la política ambiental nacional y considera el concepto de presupuesto mínimo y su determinación en virtud de la distribución de competencias nación-provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proveyendo el andamiaje jurídico-institucional sobre el cual deben sancionarse e interpretarse las leyes sectoriales de presupuestos mínimos; éste resulta ser el denominado principio de supletoriedad (art. 3 LGA) . Al mismo tiempo plantea objetivos, principios e instrumentos de política ambiental que son herramientas y criterios fundamentales para que las autoridades de los diversos poderes y jurisdicciones puedan ejercer sus funciones en materia ambiental, como así también para que la comunidad participe en los procesos de toma de decisión. La norma también dedica un capítulo al daño ambiental colectivo.
Es menester destacar que justamente la naturaleza jurídica de una ley de presupuestos mínimos de protección implica necesariamente un piso común en todo el territorio que debe ser respetado por todas las jurisdicciones, las cuales pueden ser más estrictas y nunca más laxas que lo establecido a nivel nacional. Esto significa que las provincias, que poseen el dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio de acuerdo al art. 124 de la CN in fine pueden establecer parámetros de mayor protección pero nunca de menor exigencia que lo planteado en la ley nacional.
La LBN establece una moratoria, en la que prohíbe avanzar con nuevas autorizaciones de desmonte por el lapso de un año y hasta que cada provincia cuente con el ordenamiento ambiental de su territorio. Este proceso debe realizarse en forma participativa y de acuerdo a los diez criterios de sustentabilidad que se incluyen en el Anexo de la Ley.
Los diez criterios de sustentabilidad, en consonancia con lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológica, del cual nuestro país es parte por ley 24.375 son: superficie mínima, vinculación con otras comunidades naturales, vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional, existencia de valores biológicos sobresalientes, conectividad entre ecorregiones, estado de conservación, potencial forestal, potencial de sustentabilidad agrícola, potencial de conservación de cuencas y el valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura.
Este último criterio (el número diez) no es menor, dado el caso en análisis y la importancia que revisten las áreas en cuestión para las comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, la LBN establece una expresa referencia a la ley 26.160 , la cual declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes, debiéndose actuar de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Ley 24.071 .
La LBN agrega que se deberá caracterizar la condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso, evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar o al menos mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo.
En este contexto, el Convenio de la OIT constituye una pieza fundamental en el deber del Estado de respetar el derecho a la identidad social y cultural de los pueblos indígenas, adoptando acciones concretas para proteger sus derechos y garantizar el respeto a su integridad. Indefectiblemente este compromiso va de la mano del reconocimiento de la preexistencia de las poblaciones indígenas que se ha incorporado en la reforma constitucional de 1994 alojado en el artículo 75 inc. 17 y que establece que debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. También señala que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abreva, entre otros, en los derechos de los pueblos a la libre determinación y a sus medios de subsistencia de los cuales en ningún caso podrán ser privados. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plantea específicamente los derechos que deben reconocerse a las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas , a las cuales no puede negarse el derecho a su vida, su cultura, su religión y su idioma, en común con los demás miembros de su grupo.
Claramente la jerarquía constitucional que merecen en nuestro sistema los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto de Derechos Civiles y Políticos) y supralegal en el caso de los tratados internacionales (tal es el caso del Convenio OIT y de la Convención de Diversidad Biológica) constituyen obligaciones concretas de cumplimiento para la República Argentina frente a la comunidad internacional (art. 75 inc. 22 CN). Así, esta serie de instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho ambiental, guardan una enorme trascendencia política, a los fines de la unificación de pautas regionales. Es que estos acuerdos multilaterales definen pisos jurídicos (estándares) que por el nivel interno que poseen esas normas en cada uno de los países signatarios, luego terminarán influyendo en un intenso desarrollo normativo uniforme y unificante, de las pautas e institutos acordados en esas instancias. Al respecto, dos temas conflictivos: primero, la cuestión de la interpretación diversa que en cada Estado se da respecto de los contenidos alojados allí por los órganos internos, lo que dificulta el cumplimiento uniforme; segundo, el nivel de coercitividad que cada convenio posea, es decir, el sistema que se prevea para el cumplimiento del mismo. Esto es importante pues la actual tesis de la Corte implica jugar un rol activo para evitar que la letra negociada, firmada, aprobada y refrendada en sede internacional por nuestro Estado sea luego efectivamente parte de las políticas internas. Esto en materia ambiental nos parece de enorme trascendencia, y en ello radica uno de los aciertos del auto en comentario en la causa “Salas”.
En el plano interno, el conflicto por los recursos naturales, la posesión de la tierra y la protección de los bosques nativos en la provincia de Salta no es nuevo. Desde 1984 las partes del presente expediente se enfrentan “cara a cara”. Fue por ese año cuando las comunidades comenzaron a reclamar contra el gobierno provincial por la entrega de títulos de propiedad de las tierras que habitaban. El problema luego se extendió en el tiempo, dando cuenta también de fuertes disputas por políticas de desarrollo de proyectos sin evaluación del impacto ambiental . Pero un hito importante lo tenemos en 1998, cuando, una vez agotadas las instancias judiciales internas, la organización Lhaka Honhat, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante CEJIL), acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la subsistencia, a la cultura, a fijar el lugar de residencia, a la no-injerencia en la vida privada y familiar, a la protección de la familia y a la información. Se alegó en ese momento también la violación de los derechos de asociación, propiedad y a la protección judicial . En esa instancia se fueron dando una serie de acuerdos verbales, alineados con las condiciones planteadas por las organizaciones indígenas. Se dio inicio a un “proceso de solución amistosa” que en realidad era lo propuesto por la Comisión. El diálogo tuvo por finalidad acordar en forma consensuada el otorgamiento del título de propiedad, concretar un informe de impacto socio ambiental y consultar la opinión de las comunidades sobre las obras viales iniciadas en el territorio indígena. Sin embargo, a raíz de la excesiva duración y los escasos avances del proceso, pero sobre todo, a raíz del accionar del gobierno provincial, en 2005 se quebró finalmente el proceso. La provincia desconoció los compromisos asumidos y se retiró de las negociaciones. Ello obligó a la organización Lhaka Honhat a utilizar otras herramientas de protección del sistema interamericano —como la solicitud de medidas cautelares a la Comisión— y a ensayar en el terreno local distintas alternativas .
Rota la instancia de solución amistosa, la Comisión decidió continuar con el proceso. De este modo, el 21 de octubre de 2006, en el marco del 126 período de sesiones, declaró la admisibilidad del caso. En el Informe de Admisibilidad, la Comisión sostuvo: “los hechos denunciados por los peticionarios sobre la falta de implementación de una política de demarcación y titulación de tierras por parte de la Provincia de Salta, a través de una forma legal respetuosa de la forma de vida de las comunidades” y “la demora indebida en el pronunciamiento de una sentencia final” constituirían una violación a los derechos políticos y de propiedad, así como a las garantías judiciales protegidas por el sistema interamericano .
Queda claro que el conflicto ha tenido no sólo aristas locales, sino que se ha extendido al ámbito internacional, lo que cambia algunas cuestiones al respecto, y tiene incidencia en el caso “Salas”.
Luego de este recorrido por los páramos internacionales, también debemos reseñar las causas que ha habido en el ámbito de nuestro país. Es que esta misma organización, Lhaka Honhat, ha iniciado una causa directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmada también por 30 caciques patrocinados todos por el CELS. En ella se intentaba paralizar un referéndum convocado por el gobierno provincial cuya formulación era contraria a la Constitución nacional. El 28 de septiembre de 2005 la Corte emitió su fallo por mayoría sosteniendo que era incompetente para entender en instancia originaria sobre el conflicto (disidencia del Ministro Zaffaroni quien, al igual que el Procurador General de la Nación, afirmó que la cuestión planteada era de competencia originaria del máximo tribunal) .
Otro conflicto de enorme trascendencia y para recordar respecto al tema de recursos naturales y comunidades aborígenes en Argentina es el caso “Comunidad Wichi” , donde se impugnan permisos de tala de bosques en la provincia de Salta por falta de evaluación de impacto socio-ambiental. Este es un antecedente de suma importancia porque en el mismo, la Corte (en recurso de queja en su primera intervención ante la denegatoria del recurso extraordinario por la Corte salteña y luego en revisión por apelación en la segunda resolución) revoca la tesis de la Corte salteña que rechazaba el amparo y dejaba sentadas las bases de la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental previamente al inicio de este tipo de permisos para deforestación, considerando no sólo los aspectos ambientales sino sociales que podrían alterar las condiciones de vida de las comunidades aborígenes, por la actividad a ser autorizada .
Además de éstos, existe otro caso por propiedad de tierras de aborígenes y recursos naturales. Es aquel que lleva adelante el Defensor del Pueblo de la Nación por las comunidades de la región sudeste del Departamento General Güemes y Noroeste del Departamento Libertador General San Martín de la provincia del Chaco donde se han dictado varias resoluciones interesantes, caso sobre el que volveremos al analizar el modo en que la Corte considera su intervención mediante una particular modalidad procesal.
Volviendo a la cuestión ambiental, la LBN señala que en el proceso de ordenamiento, se deberán designar las áreas correspondientes a las diferentes categorías de conservación - I (rojo), II (amarillo) y III (verde)- en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que los mismos proporcionen, todo ello con los criterios de sustentabilidad antes mencionados.
En cuanto a las autorizaciones puntuales de desmonte, sólo pueden otorgarse en las zonas verdes, mientras que el aprovechamiento sostenible de los bosques puede concederse en las áreas amarillas y verdes. No obstante ello, para cada una de estas autorizaciones, esto es para el desmonte, como así también para el aprovechamiento sostenible que posee impacto significativo, se requiere de un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental puntual. En el caso específico del desmonte, se requiere sine qua non la realización de una instancia de participación ciudadana, todo ello de conformidad con la Ley General del Ambiente.
La LBN considera también a las comunidades indígenas en su art. 12, en el cual crea el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos que será ejecutado por la Autoridad Nacional de Aplicación, y señala entre sus objetivos “b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de los bosques nativos sea sostenible, considerando a las comunidades indígenas originarias que los habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos”.
Asimismo, en su artículo 19 la LBN señala que todo proyecto de aprovechamiento o desmonte de bosque nativo deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.
Es que si observamos la Ley de Bosque Nativo, ella se presenta como un conjunto de herramientas estratégicas para la definición de las áreas a preservar y a aprovechar sustentablemente. Entre dichas herramientas encontramos el ordenamiento ambiental del territorio y el bosque, la categorización de áreas a través de la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y la evaluación de impacto ambiental, todas ellas con la obligatoria instancia de participación ciudadana y una referencia destacada a lo largo de todo el texto legislativo a las comunidades indígenas y asimismo en relación a las comunidades campesinas.
Pero no podemos dejar de considerar el espacio que la sentencia “Salas” ocupa en lo que podría denominarse el efectivo cumplimiento (enforcemente) de las normas que protegen el entorno. Se puede leer en la resolución de la Corte que durante el último trimestre del año 2007 se habría verificado un abrupto incremento en los pedidos de autorizaciones de desmontes, circunstancia que la atribuyen a que en aquel momento era inminente la sanción de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N 26.331, a fin de evitar perjuicios o gravámenes innecesarios que se generarían por la moratoria que la norma imponía. Ante este panorama, que implicaría la tala indiscriminada de una enorme porción del bosque salteño, la Corte actúa desde la resolución en comentario.


2.- SENTENCIA DE LA CORTE EN LA CAUSA MENDOZA POR LA CONTAMINACIÓN DEL RIACHUELO POR COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN EN JUICIOS PENALES.

M. 1569. XL.
ORIGINARIO
Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado
Nacional y otros s/ daños y perjuicios
(daños derivados de la contaminación
ambiental del Río Matanza - Riachuelo) - I00
(incidente sobre informes Juzgado Federal de
Quilmes).


Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
Autos y Vistos; Considerando:
Que en el marco de la causa n° 258/02 caratulada "S/ denuncia" radicada ante el Juzgado Federal de Quilmes, el señor juez titular de dicho tribunal solicita nuevamente la intervención de esta Corte con el objeto de que se pronuncie acerca de la competencia para conocer en dicho asunto, a cuyo fin remite la totalidad de las actuaciones, que obran agregadas por cuerda.

Que frente a los recursos de apelación deducidos por diversos imputados contra la resolución del juzgado que, previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, rechazó los planteos de declinatoria que aquéllos habían promovido, no corresponde que esta Corte tome la intervención que se
pretende pues Cpor un ladoC no se presenta la situación especialmente contemplada en el considerando 21 del pronunciamiento dictado el ocho de julio de 2008 en estas actuaciones. Y tampoco ninguna otra de las que Ccon carácter generalC el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, somete a conocimiento del Tribunal.

Que en las condiciones expresadas, corresponde devolver las actuaciones al Juzgado Federal de Quilmes a fin de que, ante la vía por la cual los imputados introdujeron la cuestión de competencia, se proceda a proveer los recursos de apelación promovidos por ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata (arts. 48, 339, inc. 1°, y 345 del Código Procesal Penal de la Nación; ley 25.519, art. 4°).

Por ello se desestima lo solicitado. Devuélvanse las actuaciones en forma inmediata a fin de que se proceda conforme a lo dispuesto. Déjese copia del incidente de competencia agregado por cuerda.

RICARDO LUIS LORENZATTI (según su voto) - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (en disidencia) - CARLOS S. FAYT (Según su voto) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY - E. RAUL ZAFFARONI. Es copia.


VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:
Que los infrascriptos concuerdan íntegramente con las consideraciones y la conclusión del voto mayoritario, pues la competencia asignada al Juzgado Federal de Quilmes a raíz de lo decidido por esta Corte en el pronunciamiento dictado el ocho de julio de 2008 (considerandos 20 y 21) corresponde, en principio, por razones de conexidad a los delitos de naturaleza ambiental que afecten tierra, agua y aire del
territorio de la cuenca cuyo saneamiento se ha dispuesto, como a aquellos en que la materialidad de los hechos consista en alzamiento, desobediencia o resistencia respecto de los mandatos establecidos por el Tribunal en el pronunciamiento cuya ejecución se encomendó al juzgado indicado. Por ello se desestima lo solicitado. Devuélvanse las actuaciones en forma inmediata a fin de que se proceda
conforme a lo dispuesto. Déjese copia del incidente de competencia agregado por cuerda.

RICARDO LUIS LORENZETTI - CARLOS S. FAYT.

DISIDENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

Que en el marco de la causa n° 258/02 caratulada "S/ denuncia" radicada ante el Juzgado Federal de Quilmes, el señor juez titular de dicho tribunal solicita nuevamente la intervención de esta Corte con el objeto de que se pronuncie acerca de la competencia para conocer en dicho asunto, a cuyo fin remite la totalidad de las actuaciones, que obran Agregadas por cuerda.

Que por presentarse una situación que podría resultar frustratoria de lo decidido por esta Corte en la sentencia dictada en esta causa el ocho de julio de 2008, corresponde tener por configurada una cuestión de competencia cuya definición, ante el grave riesgo institucional comprometido, corresponde a este Tribunal según lo decidido Centre otrosC en el precedente "Multicanal" de Fallos: 330:2767.

Por ello se decide tomar intervención y conferir vista al señor Procurador General de la Nación en los términos del art. 33, inc. a, apartado 2°, de la ley 24.946.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

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