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Red Social Ambiental Iberoamericana

Ley de tierras (Argentina) Ley Nacional 26.737

Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de
las Tierras Rurales.
Sancionada: Diciembre 22 de 2011
Promulgada: Diciembre 27 de 2011
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
REGIMEN DE PROTECCION AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD,
POSESION O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES CAPITULO I Ambito territorial y
personal de aplicación de la ley ARTICULO 1º — La presente ley rige en todo el territorio
de la Nación Argentina, con carácter de orden público.
Debe ser observada según las respectivas jurisdicciones, por las autoridades del gobierno
federal, provincial y municipal, y se aplicará a todas las personas físicas y jurídicas que,
por sí o por interpósita persona, posean tierras rurales, sea para usos o producciones
agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos.
A los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado
fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino.
CAPITULO II Objeto ARTICULO 2º — Configura el objeto de la presente ley: a)
Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier
título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen
del dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley; b)
Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad
y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción.
CAPITULO III De los límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las
tierras rurales ARTICULO 3º — A los efectos de la presente ley, se entenderá como
titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición,
transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que
le impongan las partes, y extensión temporal de los mismos, a favor de: a) Personas
físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación
Argentina, con las excepciones establecidas en el artículo 4º de la presente ley; b)
Personas jurídicas, según el marco previsto en el artículo 32 del Código Civil, constituidas
conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social,
en proporción superior al cincuenta y uno por ciento (51%), o en proporción necesaria
para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario,
sea de titularidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso precedente. Toda modificación del paquete accionario,
por instrumento público o privado, deberá ser comunicada por la persona jurídica al
Registro Nacional de Tierras Rurales, dentro del plazo de treinta (30) días de producido el
acto, a efectos del contralor del cumplimiento de las disposiciones de la ley. Asimismo
quedan incluidas en este precepto: 1. Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad
social, que se encuentren en posición de controladas por cualquier forma societaria o
cooperativa extranjera, de conformidad con las definiciones que se establecen en esta ley,
en un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25%), o tengan los votos necesarios
para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.
2. Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin acreditar formalmente calidad
de socios actúan en una sociedad como si lo fueren.
3. Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures y ello
permita a su legítimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o convertirlas en
acciones en un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%), o que se les permita
formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario, y se
trate de personas físicas o jurídicas extranjeras, de conformidad con las definiciones que
se establecen en esta ley.
4. Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes
vigentes, en virtud de un contrato de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean personas
físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en el inciso anterior.
5. Las sociedades de participación accidental, las agrupaciones de colaboración y las
uniones transitorias de empresas, según la regulación de la Ley de Sociedades, y toda
otra forma de colaboración empresarial de carácter accidental y provisorio que se regule
en el futuro, cuando en ellas participen personas físicas o jurídicas extranjeras en
porcentaje mayor al autorizado en esta ley; c) Personas jurídicas de derecho público de
nacionalidad extranjera; d) Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del
Código Civil o sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su capital social,
a las previstas en el inciso b) de este artículo.
ARTICULO 4º — Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente ley, las siguientes
personas físicas de nacionalidad extranjera: a) Aquellas que cuenten con diez (10) años
de residencia continua, permanente y comprobada en el país; b) Los que tengan hijos
argentinos y demuestren una residencia permanente, continua y comprobada en el país
de cinco (5) años; c) Aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano/a
argentino/a con cinco (5) años de anterioridad a la constitución o transmisión de los
derechos pertinentes y demuestre residencia continua, permanente y comprobada en el
país por igual término.
ARTICULO 5º — La reglamentación determinará los requisitos que deberán observar las
personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones
de esta ley, quedando a cargo de la autoridad de aplicación su control y ejecución.ARTICULO 6º — Queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad
argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar
una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. Ello se
considerará una simulación ilícita y fraudulenta.
ARTICULO 7º — Todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido
en la presente ley serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo
indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. A los
efectos de esta disposición se considerarán partícipes quienes hicieran entrega de las
tierras u otorgaren instrumentos, públicos o privados, que conformaren el obrar
antijurídico, los que responderán en forma personal y solidaria con su patrimonio por las
consecuencias dañosas de estos actos. La autoridad de aplicación está facultada a
examinar los actos jurídicos conforme su naturaleza real, sin sujetarse al nombre que le
impongan las partes otorgantes.
ARTICULO 8º — Se establece en el quince por ciento (15%) el límite a toda titularidad de
dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y
supuestos regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el
territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté
situado el inmueble rural.
ARTICULO 9º — En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma
nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual
asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras
rurales.
ARTICULO 10. — Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las
mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación
territorial.
Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras
Rurales previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes
parámetros: a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del
municipio, departamento y provincia que integren; b) La capacidad y calidad de las tierras
rurales para su uso y explotación.
La autoridad de aplicación, a los efectos del otorgamiento del certificado de habilitación,
deberá controlar la cantidad de tierras rurales que posea o sea titular la persona
adquirente.
Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de
las personas extranjeras definidas en el artículo 3º de la presente ley: 1. Los que
contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las excepciones y
procedimientos establecidos por el decreto ley 15.385/44 modificado por la Ley 23.554.ARTICULO 11. — A los fines de esta ley y atendiendo a los Tratados Bilaterales de
Inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina y que se encuentren vigentes a la
fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de
tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor.
ARTICULO 12. — Los propietarios o poseedores de tierras rurales, personas físicas o
jurídicas, que invistan la condición de extranjeros, deberán dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la presente ley, proceder a la denuncia ante el Registro Nacional de Tierras Rurales,
previsto por el artículo 14, de la existencia de dicha titularidad o posesión.
ARTICULO 13. — Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en zona de seguridad
por una persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento previo del
Ministerio del Interior.
CAPITULO IV Del Registro Nacional de Tierras Rurales ARTICULO 14. — Créase el
Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
que será la autoridad de aplicación con las siguientes funciones específicas: a) Llevar el
registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera en
los términos de la presente ley; b) Requerir a las dependencias provinciales competentes
en registración, catastro y registro de personas jurídicas, la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones; c) Expedir los certificados de habilitación de todo acto por
el cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales en los
supuestos comprendidos por esta ley. Los certificados de habilitación serán regulados por
la reglamentación de la presente ley y serán tramitados por el escribano público o
autoridad judicial interviniente; Miércoles 28 de diciembre de 2011 Primera Sección
BOLETIN OFICIAL Nº 32.305 14 d) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley,
con legitimación activa para impedir en sede administrativa, o reclamar la nulidad en sede
judicial, de los actos prohibidos por esta ley.
ARTICULO 15. — Se dispone la realización de un relevamiento catastral, dominial y de
registro de personas jurídicas que determine la propiedad y la posesión de las tierras
rurales, conforme las disposiciones de la presente ley, el que se realizará dentro del
término de ciento ochenta (180) días de la creación y puesta en funcionamiento del
Registro Nacional de Tierras Rurales.
CAPITULO V Del Consejo Interministerial de Tierras Rurales ARTICULO 16. — Créase el
Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, con los
representantes de las provincias, el que tendrá las siguientes funciones: a) Dirigir las
acciones para el cumplimiento de la presente ley; b) Ejecutar la política nacional sobre
tierras rurales; c) Recabar la colaboración de organismos de la administración
centralizada y descentralizada del Estado nacional y las provincias; d) Determinar la equivalencia de superficies del territorio nacional a que hace referencia el artículo 10 de la
presente ley, sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados por los organismos
oficiales competentes.
ARTICULO 17. — La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones
entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación.
ARTICULO 18. — Cláusula transitoria: toda adquisición, transferencia, cesión de
derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación y extensión temporal que le
impongan las partes, a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras en los términos
del artículo 3°, que se realice en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la
ley y su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, queda alcanzada por las
disposiciones de la presente ley y sujeta a las consecuencias previstas en el artículo 7°.
ARTICULO 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.737 — AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ.
— Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.
Decreto 268/2011
Promúlgase la Ley Nº 26.737.
Bs. As., 27/12/2011 POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación Nº 26.737, cúmplase,
comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Norberto G. Yauhar.
— Julio C. Alak.

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