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Red Social Ambiental Iberoamericana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU ORDENA SE ADMITA AMPARO AMBIENTAL CON PAGO DE COSTOS AL ESTADO

EXP. N. º 00207-2010-PA/TC

PUNO

JESÚS RAFAEL

VALLENAS GAONA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 3 de mayo de 2010.

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Rafael Vallenas Gaona contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 137, su fecha 11 de diciembre de 2009, que, confirmando la apelada declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 6 de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Fiscalía Superior Penal de Juliaca y el Procurador Público encargado de los asuntos del Ministerio Público, aduciendo la vulneración de sus derechos constitucionales de acceso a la justicia y al debido proceso, por lo que solicita la anulación de la resolución N 354-2008-MP-DJP-FSP.SR y, en forma subordinada, solicita el pago de costos y costas.

2. Que el Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 5 de marzo de 2009, declaró improcedente la demanda, por considerar incongruente la acumulación subordinada de las costas y costos a la pretensión principal, por lo que procede a aplicar el artículo 427.7º del Código Procesal Civil. Por su parte, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno confirmó este pronunciamiento por razones similares, sustentándose en el artículo 427.4º del código precitado.

3. Que las resoluciones precitadas se sustentan en la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, como quedó anotado precedentemente, pero este Colegiado considera que dicha aplicación supletoria es prematura. Y ello porque, en principio, corresponde aplicar supletoriamente la legislación general, cuando la especial o específica no regula o norma expresamente un asunto o tema de especial trascendencia o relevancia para los fines del proceso o del asunto que se pretende resolver; en el caso particular, aún cuando la parte demandante puede haber propuesto una acumulación indebida, ello debía ser subsanado por el propio juzgador, dado que la pretensión propuesta acumulativamente tiene un tratamiento independiente, como se advierte del artículo 56º del Código Procesal Constitucional, que expresamente señala que

“Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.

En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos.

En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil”.

4. Que, en consecuencia, al estar regulado expresamente el pago de costas o costos, lo único que puede ser objeto de aplicación supletoria es la normatividad prevista para el pago de costos, como se prevé en la última parte de la norma precitada.

5. Que de otro lado, aun en caso de duda, el juzgador debe tener presente lo previsto en el párrafo cuarto del artículo III del Código Procesal Constitucional, que precisa que “Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación”.

Es por ello que este Colegiado considera que en el presente caso, los pronunciamientos de las autoridades jurisdiccionales han permitido que se incurra en un vicio que afecta el desarrollo del proceso, puesto que la denegatoria liminar dispuesta por aquellas a su vez podría dar lugar a la interposición de demandas de amparo, por la presunta afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 139.3º de la Constitución.

6. Que, en consecuencia, en virtud de lo antes expresado y teniendo en cuenta que las resoluciones impugnadas se han expedido incurriendo en un vicio procesal insubsanable que afecta trascendentalmente la decisión de primera y segunda instancia, resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, que establece “[S]i el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio (…)”, por lo que deben anularse tales resoluciones y ordenarse la reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar NULO todo lo actuado, desde fojas 55, inclusive, debiendo el a quo admitir a trámite la demanda y proceder con arreglo a lo expuesto en los fundamentos de la presente resolución

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

CALLE HAYEN

ETO CRUZ



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http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00207-2010-AA%20Resolucion...



EL RECURSO:


color:black"">Secretaria Dra. Blanca Cáceres Valdivia


color:black"">Expediente Nº 2009-00287-0-2101-JM-CI


color:black"">Libro AA 189


color:black"">Escrito Nº 05


color:black"">CUADERNO PRINCIPAL


color:black"">Recurso de agravio constitucional


color:black"">



SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA CIVIL DE PUNO:



JESÚS RAFAEL VALLENAS GAONA, en el proceso de amparo contra el Fiscal Superior Albino Lama Zúñiga ante Ud. Ante Ud. respetuosamente me dirijo a efectos de interponer RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL
contra la sentencia de vista que confirma la de primera instancia declarando
improcedente la demanda, por los siguientes fundamentos:


  1. LA SALA HA ASUMIDO DOS CASOS SOBRE LOS MISMOS HECHOS CON SENTIDOS DISTINTOS:
    El presente proceso tiene identidad con el proceso contra el mismo fiscal
    por un archivamiento inconstitucional de una denuncia, el formato de la
    resolución del fiscal demandado es el mismo. normal"">Por tanto, la Sala ante dos demandas iguales se ha pronunciado
    de formas distintas
    , lo cual se acredita con los siguientes
    documentos:

Anexo 5. ACopia simple de la demanda del proceso 2009-00288

Anexo 5. BCopia simple de la demanda del proceso 2009-00288

  1. LA ACUMULACION DE PRETENSIONES NO ES MATERIA DE IMPROCEDENCIA LIMINAR SINO DE INADMISIBILIDAD : La Sala Civil ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la protección de derechos
    constitucionales para dar paso aun pronunciamiento sobre aspectos
    secundarios con una analogía del Código Procesal Civil afectando el
    principio “favor processum” y la jurisprudencia del Tribunal
    Constitucional que establece:

EXP. N.° 05644-2008-PA/TC

LIMA

FRANCISCO CLODOMIRO

GAMBOA HERRERA

Este Tribunal considera que dicha norma, en tanto mecanismo de optimización del derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva en lo que se refiere al acceso a la justicia y del principio de
gratuidad en la administración de justicia, debe ser interpretada en en
atención a las circunstancias de cada caso en concreto, teniendo en cuenta que el principio
pro homine , derivado del principio-derecho de
dignidad humana consagrado en el artículo 1º de
la Constitución, determina que debe preferirse aquella interpretación que resulte más favorable para la tutela de los derechos fundamentales.

EXP. N.º 266-2002-AA/TC

LIMA

DE LAZO Y OTROS

6. Naturaleza de los procesos constitucionales

Los fines antes señalados, que los procesos constitucionales se proponen alcanzar, permiten establecer distinciones entre estos y los
procesos ordinarios, pues ambos tienen una naturaleza muy distinta. De modo general, este Colegiado considera pertinente formular tales distinciones en cuatro niveles: por su finalidad, por el rol del juez, por los principios que orientan los procesos constitucionales y por su naturaleza.

Una primera diferencia radica en los fines que persiguen ambos tipos de procesos. En efecto, a diferencia de los procesos constitucionales,

los procesos ordinarios no tienen como objetivo hacer valer el principio de supremacía de la Constitución, y no siempre persiguen la tutela de derechos fundamentales.

La segunda diferencia estriba en la actuación del juez. En los procesos constitucionales, los jueces tienen –por razones más trascendentes
que en los procesos ordinarios– el deber de controlar la actuación de las partes, a fin de conseguir, dentro de un plazo razonable, la tutela efectiva de los derechos fundamentales[4] (1).

La tercera se fundamenta en los principios que orientan los procesos constitucionales. Si bien es cierto que estos principios, nominalmente, son compartidos por ambos tipos de procesos, es indudable que la exigencia del cumplimiento de principios como de publicidad, economía procesal, socialización del proceso, impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales.

Finalmente, la cuarta tiene que ver con la naturaleza de ambos procesos, y que puede enunciarse básicamente en que, a diferencia de los ordinarios, los constitucionales son procesos de tutela de urgencia.

7. La acumulación y la aplicación supletoria de códigos procesales en el Proceso Constitucional de Amparo

Los demandantes sostienen que:

todas las sentencias emitidas por el Colegiado Supremo integrado por los miembros que las suscriben fueron expedidas y notificadas casi en las mismas fechas, en ellas en ningún momento se observa la intervención de diferentes magistrados a los que firmaron, ni que los petitorios de todos o uno de los expedientes sentenciados fueran diferentes, sino que prácticamente son copias en el que sólo se variaron los nombres de los recurrentes y los números de expedientes, el resto es prácticamente igual, es decir nuestro título representados en las sentencias que recayeron en todos los expedientes es prácticamente similar a todos los recurrentes, y todos se refieren a un solo objeto, por lo que existe objetivamente (sic) conexidad entre ellas (...)»[5]
(2).

A fin de determinar si procede, o no, la acumulación de pretensiones en este caso concreto, las diferencias apuntadas en el parágrafo
precedente nos permiten afirmar que también las instituciones
jurídico-procesales ordinarias poseen un contenido propio en los procesos constitucionales.

En tal sentido, por ser pertinente para el pronunciamiento de este Tribunal Constitucional sobre este caso concreto, se procederá a
analizar el tema de la acumulación en el proceso constitucional de amparo.


El artículo 50° del Código Procesal Constitucional se refiere a la acumulación de procesos y no a la acumulación de pretensiones.
Dicha norma dispone que:

«Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza afecte el interés de varias personas que han ejercido separadamente su derecho de acción, el Juez que hubiese prevenido, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la acumulación de los procesos de amparo. La resolución que concede o deniega la acumulación es inimpugnable».

En el caso, para justificar la improcedencia de la demanda la recurrida pretende aplicar supletoriamente el artículo 86° del Código Procesal Civil, relativa a la acumulación subjetiva de pretensiones, aduciendo que el derecho de acción ha sido ejercido conjuntamente por los
demandantes a través de un único proceso, y no de modo separado, pues el acto lesivo no proviene de una única resolución, sino de nueve ejecutorias supremas.

Conforme al artículo IX del Código Procesal Constitucional, la aplicación supletoria de los Códigos Procesales se efectuará siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.

No obstante, en el presente caso la aplicación supletoria no sólo afecta el derecho a la tutela procesal efectiva (artículo 139°, inciso 3 de la Constitución) de los demandantes, sino que desnaturaliza el proceso constitucional de amparo, tornándolo inútil para el logro de sus fines –la tutela de los derechos fundamentales–, por la sencilla razón de que los actos lesivos y sus ejecutores están plenamente identificados.

Por otro lado, y en función de los principios que el Código Procesal Constitucional ha incorporado, debemos tener presente que el artículo III del Título Preliminar establece que

"(...) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales».

Esta disposición impone a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional exigir el cumplimiento de las formalidades sólo si con ello se logra una mejor protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, si tal exigencia comporta la desprotección de los derechos y, por ende, su vulneración irreparable, entonces las formalidades deben adecuarse o, de ser
el caso, prescindirse, a fin de que los fines de los procesos constitucionales se realicen debidamente –principio de elasticidad–.

En el caso concreto, también se puede apreciar que si bien los demandantes no han iniciado individualmente procesos de amparo, sino que han iniciado uno solo conjuntamente, ello no puede ser fundamento suficiente para declarar la improcedencia de su acción. Y no podría serlo, puesto que se estaría supeditando la tutela de un derecho fundamental al cumplimiento de una formalidad aplicable supletoriamente, lo que contradice los fines del proceso constitucional de amparo y no coadyuva a su mejor desarrollo.

Lo anterior se condice con el principio de economía procesal, el cual tiene como fundamento la economía de tiempo y esfuerzo, además de la incuestionable importancia que tiene la oportuna tutela de los derechos y la culminación del proceso en un lapso de tiempo razonable.

De modo que, en lo que concierne a este extremo, la demanda de amparo debe ser admitida.

8. La competencia del Tribunal Constitucional para evaluar sobre el fondo en un caso de rechazo liminar

En el presente caso se ha rechazado liminarmente la demanda en las instancias inferiores, pese a que, como hemos dicho, debió ser admitida. Sin embargo, debe tenerse presente que mediante Resolución del
Tribunal Constitucional de fecha 5 de setiembre de 2002, se declaró la
nulidad de lo actuado por un vicio de forma que ya fue subsanado. Por tanto, no sería razonable que después de dos años y seis meses se declare una nueva nulidad que no es responsabilidad de los recurrentes; asimismo, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional (por todas Exp. N.° 1164-2003-HC/TC, fund. 1), en lo que al caso concierne se advierten elementos de prueba necesarios para un pronunciamiento de fondo.
A mayor abundamiento, tal como lo ha configurado el
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el juez constitucional cuenta con la capacidad para dirigir judicialmente el proceso. Es decir, de procurar que el proceso se constituya en una real garantía procesal de los derechos fundamentales. En tal sentido, el artículo II del mencionado cuerpo normativo reconoce como un fin esencial de los procesos de índole constitucional, la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Por tal razón, y teniendo en cuenta además el principio de economía procesal, es necesario que este Tribunal pueda efectivamente resolver respecto a si se han vulnerado los derechos constitucionales de los demandantes, pues estos han venido reclamado judicialmente el reconocimiento de sus derechos desde el 27 de diciembre del año 2000, fecha en que su demanda ingresó a mesa de partes de la entidad correspondiente del Poder Judicial (fojas 118 del Expediente). Es decir, hace más de cuatro años esperan una resolución judicial firme.

Si, dado el caso, este Tribunal no resolviera el fondo del asunto, se dilataría indefinidamente el pronunciamiento que persiguen los demandantes, denegando o acogiendo su pretensión, constituyendo este hecho una clara vulneración de su derecho al debido proceso previsto en el artículo 139°, inciso 3 de la Constitución, en cuanto a la proscripción de las dilaciones indebidas. Por ende, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la cuestión de fondo.



  1. DECISION CONTRARIA AL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL:
    El juez incurre en inaplicación del Art. 56º del Código Procesal Constitucional que
    establece:

Artículo 56.- Costas y Costos

Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que
el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el
amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al
pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad.

En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de
costos.

En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos
se regulan por los artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil.



Como se puede apreciar la norma especial prima sobre la norma supletoria y los
considerandos segundo, tercero y cuarto de la resolución apelada no tiene como
referencia los presupuestos de imposición de costos y costas conforme al Código
Procesal Constitucional, POR TANTO EL PAGO DE COSTOS Y COSTAS ES UNA PRETENSION
VIABLE EN MATERIA CONSTITUCIONAL


  1. CRITERIO PRIVATISTA EN PROCESO DE DERECHO PUBLICO:
    Los costos y costas conforme su presupuestos según Art. 56º del Código Procesal Constitucional “Si la demanda declara fundada, se
    interpondrán las costas y costos que el juez establezca…” por lo cual se
    trata de una pretensión subordinada y admitida no solamente en los
    procesos constitucionales, sino además en la litigación ante la Comisión y
    la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo cual el tercer
    considerando hace prevaler un criterio privatista, frente a procesos de
    derecho publico.


  1. EL AUTO DE VISTA SOSLAYA LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO:
    El ACCESO A LA JUSTICIA ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL AMPARABLE POR
    JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en el cuarto considerando es
    absolutamente cuestionable por el sentido que hace la jueza cuestionamos
    el sentido de la resolución impugnada por los propios fundamentos de hecho
    y argumentos jurídicos de la demanda que pasamos a reproducir:

a) Derechos amparables constitucionalmente en el petitorio: la pretensión principal de PROTECCION DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA normalY DEL DEBIDO PROCESO como son el derecho de acción e impugnación, la legitimación procesal en la protección de intereses difusos, el derecho a una decisión del Ministerio Publico fundamentada en derecho y la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”

b) Derechos constitucionales amparables en los fundamentos de hecho: Por tanto es evidente que se estaría afectando el derecho constitucional a la igualdad y al debido proceso reconocidos en los arts. 2º inciso 2 y 138º inciso 3º que en fundamento 5 de la sentencia del expediente 2006-PA/TC se indica claramente de la siguiente forma: “El
derecho de igualdad procesal o de igualdad de armas se deriva de la
interpretación sistemática del artículo 2, inciso 2, (igualdad) y del artículo
138, inciso 2 (debido proceso), de la Constitución. En tal sentido, todo
proceso, judicial, administrativo o en sede privada, debe garantizar que las
partes del proceso detenten las mismas oportunidades de alegar, defenderse o
probar, de modo que no se ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto
a la otra. Tal exigencia constituye un componente del debido proceso ya que
ningún proceso que inobserve dicho imperativo puede reputarse como “debido”.


De esta forma la citada sentencia del
expediente 05270-2005-AA indica
Que asimismo no deja ser pertinente traer a colación el criterio que este Tribunal adoptó en la resolución del Exp. N.° 0006-2003-AI/TC, del 27 de noviembre de 2003, en donde se estableció que “los legitimados activamente intervienen no para promover la defensa de intereses particulares, sino a fin de promover la tutela de un interés general, lo que se traduce, en el caso concreto, en la defensa de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico; de ahí que, una vez admitida la demanda y habilitada la competencia del Tribunal Constitucional, queda inexorablemente constituida la relación jurídico-procesal respectiva.”

Por lo cual es evidente que se trata de una situación procesal de legitimación en la cual no se puede hacer diferenciaciones que
afecten un debido proceso. “

c) Derechos amparables en los fundamentos jurídicos de la demanda:


5.1 DERECHOS CONSTITUCIONALES AFECTADOS : Consideramos afectados los derechos de tutela procesal efectiva, a los medios de protección del ambiente y a la igualdad, conforme lo establecido en el art. 38 incisos 1, 16 y 23 del Código Procesal Constitucional.

Consideramos también en concepto que corresponde la
PROTECCION DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA como son el derecho de acción e
impugnación, la legitimación procesal en la protección de intereses difusos,
el derecho a una decisión del Ministerio Público fundamentada en derecho al amparo de los arts. arts. 2º inciso 2 y 138º inciso 3º que en
fundamento 5 de la sentencia del expediente 06135-2006-PA/TC.

De la misma forma invocamos la prohibición de afectar derechos por una interpretación discriminatoria y literal que afecta el art, 29º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el art. 3º y la Cuarta Disposición Final y transitoria de la Constitución Política del Estado.

EL ACCESO A LA JUSTICIA Y SU RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL: El acceso a la justicia es un derecho
reconocido en el artículo 139°, inc. 3 de la Constitución. Según
el Tribunal Constitucional forma parte, junto al debido proceso y la efectividad de las sentencias, del derecho a la tutela jurisdiccional. De acuerdo a este colegiado su contenido constitucional puede ser definido en los siguientes términos:

“la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal
en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los
órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada
y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En
un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que
ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente
cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se
persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos
mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos
establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado
obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata
dosis de eficacia.”[1]

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha mantenido que el derecho al acceso a la
justicia pese a que no esta enunciado de manera expresa en la Constitución forma
parte del contenido del Derecho a la tutela judicial efectiva. Dicha
aseveración resulta de la interpretación dada al artículo 8.1. de la Convención Americana
de Derechos Humanos que establece:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.

De esta redacción se desprende que “(…)
el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para
que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención.” Estas, como se analizará
luego, no pueden ser impedidas en ningún momento y deben ser interpretadas a la luz de los
principios de debido procesal legal, igualdad y acceso a la justicia.

5.2 EL ACCESO A LA JUSTICIA Y
SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA
IGUALDAD:
Así, pues, en lo que respecta al acceso a
la justicia la Corte Interamericana ha interpretado que no es suficiente con que el Estado reconozca de manera formal este derecho, sino que debe agotar, además, todos los medios a su alcance. Así lo ha establecido por ejemplo en los casos “Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs Perú”, Sentencia del 30 de noviembre de 2007; “Castillo Petruzzi y
otros Vs. Perú”, Sentencia de 30 de mayo de 1999; o, “Instituto de
Reeducación del menor Vs. Paraguay”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004
y en las opiniones consultivas OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003 " OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002 u OC-11/90 de 10 de agosto de 1990[5], donde se puso de
relieve el deber de respeto [6] que recae sobre los
Estados en la protección de los derechos fundamentales.

Así pues la omisión materia de la presente demanda implica una violación no sólo de derecho interno, sino de derecho internacional, en la medida que genera consecuencias antijurídicas en un sector de la ciudadanía (la de menos recursos) de la Región
Puno. Al respecto, nos permitimos señalar algunas de ellas:

a) Las condiciones de acceso a la justicia son discriminatorias. En la medida que los órganos judiciales no
pueden asistir de forma eficaz a quienes no comprenden o no tienen como lengua originaria al castellano se produce lo que la Corte Constitucional de Colombia llama: un Estado de cosas inconstitucional. Esto es una situación de anomia según la cual el Estado de derecho se diluye dando paso al atropello sistemático de los derechos.

b) Las condiciones de acceso a la justicia atentan contra el principio democrático. Mientras que quienes sí dominan el castellano pueden ejercer sus derechos con normalidad, quienes no, se ven privados de participar, en condiciones de igualdad, del (o los) proceso (s) democrático (s). De este modo se reducen sus posibilidades de expresar sus demandas e influir –de manera efectiva- en la toma de decisiones públicas.


Es evidente que existe jurisprudencia constitucional y precedentes constitucionales que exigen un contenido de derechos no especificados directamente o no detallados que por su naturaleza establecen claramente su protección en la vía de proceso de amparo.


  1. SE PRECISÓ CON CLARIDAD QUE SE TRATABA DEL PROCESO DE AMPARO : Como aparece de
    nuestro escrito segundo que subsana las observaciones a la demanda, se ha
    establecido claramente la corrección de los errores de tipeo subsanables y
    en congruencia con todo el texto hemos indicado suficientemente y
    reiteradamente que se trata de un PROCESO DE AMPARO, por lo cual la
    afirmación de la Juez indicando que no se ha indicado “cual es la acción
    constitucional propuesta” del cuarto considerando NO SE AJUSTA A LA VERDAD

A Ud. SOLICITO se sirva conceder el recurso de agravio constitucional con la debida nota de atención cuya finalidad es que el Tribunal Constitucional REVOQUE EL AUTO DE VISTA y REFORMÁNDOLO ordene la
admisión de la demanda.


Puno, 4 de enero del 2009.



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