Sociedad Ambiental

Red Social Ambiental Iberoamericana

Veto al proyecto de ley sobre protección a los glaciares

(Publicado en Revista LL Suplemento de Actualidad del 5/3/2009)

Voces: RECURSOS HIDRICOS ~ PROYECTO DE LEY ~ VETO DE LA LEY ~ MEDIO AMBIENTE ~ DAÑO AMBIENTAL ~ IMPACTO AMBIENTAL ~ ECOSISTEMAS ~ DERECHO DE AGUAS ~ DERECHO AMBIENTAL
Título: Comentario al veto sobre el proyecto de ley de protección de glaciares
Autores: Catalano, Mariana García Torres, Mariana


I. El agua como recurso vital
Desde el punto de vista físico, el agua es un "cuerpo" que existe en gran cantidad sobre la superficie terrestre; según cálculos, cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta. Como "cuerpo", el agua puede presentarse en diversos "estados": líquido (eg: ríos), sólido (eg: glaciares) y de vapor (eg: nubes) (1).
Todo esto significa que los estados físicos del agua pueden dar lugar al planteamiento de problemas cuya solución debe preocupar a los distintos operadores jurídicos. Debemos tener muy presente que el agua sostiene todas las formas de vida, a saber: la humana, la flora y la fauna. Aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Por otra parte, existen 1400 millones de km3 de agua en todo el planeta, respecto del cual el 97 % es agua salada y casi el 3% es agua dulce. De esta última, debemos expresar que el 68% se encuentra en polos y glaciares, mientras que el 0,8% es permafroso, es decir, está en suelos congelados. Dentro de ese universo, sólo poco más del 30% en nuestros días es apto para el consumo y se halla bajo tierra y, solo el 0,4% sobre la superficie y en la atmósfera (2).
El agua no sólo sirve para la satisfacción de determinadas necesidades humanas, sino que esencialmente es la base de todo ecosistema y del ambiente en general. En función de ello, ha sido regulada por el hombre en forma sectorial, fragmentada desde sus funciones de riego, agua potable, energía, etc., y recién desde hace algunos años desde lo ambiental (3).
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo reunida en Río de Janeiro en 1992 incluyó en su temario la protección de las aguas dulces y su calidad, en especial los criterios integrados para la puesta en valor de la gestión y la utilización de los recursos hídricos. Allí se destacó la importancia de la planificación y gestión para mantener la provisión adecuada de agua de buena calidad y, entre otras cuestiones, proteger las funciones hidrológicas de los ecosistemas.
La Observación General N 15° sobre el derecho al agua, adoptado en noviembre de 2002 por el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) marca un hito en la historia de los derechos humanos y, particularmente, sobre este vital recurso natural. Por primera vez, el agua es reconocida como un derecho humano fundamental, y los 145 países que ratificaron el PIDESC se encuentran ahora obligados a asegurar progresivamente que todos sus habitantes tengan acceso al agua potable y segura, de forma equitativa y sin discriminación (4).
Este derecho humano al agua se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a un medio ambiente sano, el que conlleva la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable, la creación de condiciones sanitarias básicas, y la prevención y reducción de la exposición de la población de factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente la salud.
En una gran parte de nuestro país, y en el mundo, el agua es un recurso escaso. En las décadas próximas, este recurso vital adquirirá cada vez mayor trascendencia en la política internacional y, potencialmente, cada vez mayor valor estratégico y económico.
La gestión hídrica requerirá, además, el manejo integrado del recurso por unidad de cuenca, asegurando su uso racional y la protección de su calidad. El manejo sustentable de las aguas es también la clave para el desarrollo de las zonas áridas del país (5).
El variado ambiente físico del territorio argentino, ofrece ejemplos de las hipótesis de aguas en estado sólido. En las regiones australes, parte cordillerana, existen numerosos glaciares que, por la riqueza que representan y por la importancia que tienen como reguladores del caudal de lagos y ríos, en día no lejano darán lugar a controversias que deberán ser resueltas en el campo del derecho, tal como ya está ocurriendo en algunas legislaciones extranjeras y en la doctrina en general; el fenómeno de la congelación del mar territorial se presenta en la región de islas "Orcadas", situadas en la zona antártica (6).
Hoy en día muchos gobiernos locales están recurriendo a las privatizaciones de los servicios públicos para solucionar sus problemas financieros, y parece ser que el suministro de agua no ha logrado escapar a esta problemática. Efectivamente, los defensores de las privatizaciones de los servicios de agua, anteponen como principal argumento la falta de capacidad financiera de las administraciones locales y del Estado para afrontar las inversiones necesarias frente a las empresas privadas que, adicionalmente, cuentan con una mayor capacidad para afrontar los problemas técnicos. También el deterioro de las infraestructuras constituyó otro argumento para justificar el traspaso de esta tarea pública al sector privado.
Así las cosas, pareciera que los regímenes de propiedad privatizada de construcción y gestión de infraestructuras, de distribución y potabilización, ofrecen una solución más eficiente y más rentable.
No olvidemos, sin embargo, que el suministro de agua es un negocio como cualquier otro y que, aunque frecuentemente se pretende simular que con las concesiones las empresas privadas apenas recuperan sus costos de inversión, en realidad llegan a ser considerables los márgenes de beneficio. Por ello, y en ese sentido, consideramos que es deber del Estado -gestor del interés público- proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos, como lo configura el agua de sus cuencas, de sus ríos y lechos, de sus glaciares, etc., En otras palabras, ambiente natural, cuya salvaguarda no puede estar asegurada por los simples mecanismos de mercado (7).
II. Pinceladas normativas
El agua en nuestro ordenamiento jurídico aparece como recurso, en lo referente al dominio de los recursos naturales por parte de las provincias, en conformidad con el artículo 124 de la Carta Magna y como elemento ambiental en la denominada "cláusula ambiental" (artículo 41 de la C.N.). En lo que aquí nos ocupa, se encarga al Congreso de la Nación el dictado de leyes de presupuestos mínimos en materia de ambiental.
En uso de esta atribución (y en aplicación de una técnica que explicaremos en el punto siguiente), se han dictado la Ley N° 25.675 General del Ambiente (Adla, LXIII-A, 4) y la Ley N° 25.688 (Adla, LXIII-A, 16) (8), denominada "Régimen de Gestión Ambiental de Aguas", esta última aún sin reglamentar desde su dictado (año 2002) y sin haber sido siquiera aplicada por los jueces o funcionarios públicos, amén de estar cuestionada por inconstitucional ante el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación a tenor de la causa presentada por la Provincia de Mendoza.
En los párrafos siguientes, intentaremos pasar revista a distintas etapas que transitara la regulación del agua potable en nuestro país hasta la actualidad, como así también sobre la evolución de las instituciones responsables de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, las cuales se enmarcan en cuatro etapas bien diferenciadas.
Durante la primera, que se inicia en 1912 y concluye en 1980, pese a que la legislación vigente establecía la competencia provincial, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las principales ciudades del país estuvo a cargo del Estado Nacional a través de la empresa Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Hacia fines de la década de los setenta, OSN era el prestador del 85% de la población servida del país, básicamente del área urbana. La financiación de las inversiones estaba a cargo del Estado Nacional, quien aportaba los recursos a fondo perdido con una concepción que priorizaba los objetivos sanitarios por sobre la gestión eficiente.
En los años setenta, Argentina era uno de los pocos países de la región que proveía agua "segura" en sus áreas urbanas y los niveles de cobertura de los servicios eran de los más altos de América Latina.
Posteriormente, por medio de la Ley N° 18.586 (Adla, XXX-A, 148), reglamentada por Decreto N° 258, se transfirieron a las provincias el personal y los activos libres de pasivos de 161 sistemas. La empresa OSN retuvo la prestación de los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires, constituida por la Ciudad de Buenos Aires y, en ese momento, 13 partidos, que conformaban un continuo urbano donde, en ese entonces, habitaban alrededor de 8 millones de personas.
La tercera, se desarrolla a partir del inicio del proceso de Transformación y Reforma del Estado operado en 1989, con fundamento en las Leyes N° 23.696 de Reforma del Estado (Adla, XLIX-C, 2444) y N° 23.697 de Emergencia Económica (Adla, XLIX-C, 2458). Este período puede caracterizarse como de consolidación de una nueva organización institucional, en que se destaca el desarrollo de las funciones de regulación y control ejercidas por entes u organismos con cierto grado de autonomía y especialización, y la prestación a cargo de empresas privadas en la mayoría de los casos.
La última (y actual) etapa, puede definirse como de re-estatización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. La nueva organización incluye una empresa prestadora de índole comercial con participación mayoritaria estatal, en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, del Estado Nacional, y en los otros casos, de los estados provinciales y municipales. En principio, se plantea una política de financiamiento con tarifas subsidiadas que cubrirían básicamente los costos operativos, mientras que los costos de inversión serían financiados con aportes del Estado Nacional y préstamos cuyos servicios también serían cubiertos con fondos del Tesoro Nacional.
Todo lo hasta aquí expresado denota el interés e importancia que reviste en nuestro orden jurídico este vital recurso; máxime teniendo en cuenta la riqueza en materia hídrica del país y gran cantidad de glaciares con que contamos. De allí que a la hora de regular sobre estos tópicos muchas son las aristas y cuestiones a dilucidar y a tener en cuenta para hacer realizable y ejecutable una norma, para que la misma no sea más que una expresión de deseo o cosmética.
III. Contenido y alcance de las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental
El artículo 41 de la Constitución Nacional, luego de garantizar a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; dispone que "corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales".
La propia ley dictada a consecuencia de este mandato constitucional, llamada Ley General del Ambiente (N° 25.675/02) (Adla, LXIII-A, 4) contiene una definición de presupuestos mínimos, en el art. 6, cuando dispone que se entiende por tal "a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable".
Estos contenidos mínimos no necesariamente deben limitarse a una única norma, pues desde el punto de vista práctico la cuestión ambiental requiere de modalidades que con suficiente elasticidad puedan, con una base de coherencia, considerar las peculiaridades de cada temática en particular (por ejemplo, bosques nativos) (9). El sistema está pensado de la siguiente manera: una ley marco como génesis de toda regulación y posteriores normas que sobre su base establezcan presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a cada recurso natural o materia de gestión ambiental específica (10).
No hay margen de duda, en lo que a la legislación tuitiva del ambiente se refiere (11), de lo que cabe hacer a cada esfera del poder: a la Nación, el establecimiento de normas marco, de líneas generales de las que no puede salirse; a las Provincias, el desarrollo en más -nunca en menos- del piso protectorio instituido por aquélla. Pero ¿hasta dónde un presupuesto es mínimo? ¿Cuándo traspasa el límite de lo reservado a las provincias? Estos interrogantes deben plantearse cada vez que se intente legislar, su respuesta dependerá de cada caso concreto y estará condicionada por el nivel de consenso que le sirva de antecedente. Acuerdo que sólo emergerá de un auténtico ejercicio del federalismo, lo que además de comulgar con el espíritu del art 41, asegura mayor eficacia en la aplicación y observancia de las normas ambientales (12).
Que la noción de federalismo está en crisis, no es una novedad (13); que ha sido limitado fundamentalmente a una cuestión de reparto de recursos económicos, tampoco; que sin una Ley Convenio que garantice la distribución equitativa de los fondos coparticipables el federalismo es más declamativo que efectivo, menos.
Sin embargo, y a pesar de estas verdades, la Ley General del Ambiente obliga a pensar en una nueva forma de federalismo: obliga al diálogo, al consenso entre los niveles de gobierno, para a partir de allí sancionar, interpretar e implementar las normas sectoriales de presupuestos mínimos, y regular el rol del COREMA (14). Es un claro caso de "federalismo de concertación" (15).
IV. Los motivos del veto al proyecto de ley registrado como N° 26.418
El Decreto PEN 1837/2008 -del 10/11/2008-, observó íntegramente el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 26.418, con base en el rechazo de la propuesta contenida en tres de sus disposiciones: los arts. 6°, 7° y 15.
El art. 6 prohíbe en los glaciares las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica; c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo y d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
En este punto, el núcleo del reproche es la interdicción total de la actividad productiva.
El Dcto presidencial, siguiendo la opinión de la Secretaria de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entendió que el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino que debe fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar, pudiendo éstas acentuarlos de acuerdo a su especial situación ambiental.
Hasta aquí el veto resulta razonable, salvo respecto de las actividades mencionadas en el inciso a), que habla de liberación, dispersión y disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; pues acá el propósito de preservar la integridad del ambiente es claro y justificado.
En lo que atañe a los demás incisos, es cierto que la prohibición general de las actividades productoras, muchas de ellas arraigadas en el circuito económico de los estados locales, importó avanzar en demasía, poniendo blanco sobre negro en un asunto que quizás admite grises.
Más allá de las cuestiones técnicas científicas -que no nos aventuramos a profundizar porque exceden nuestra especialidad- lo que surge nítido de la motivación del veto es que falló el mecanismo previo de diálogo, conciliación y armonización de criterios, fundamental para legitimar una decisión semejante en cuestiones de competencia concurrida, como es la establecida por el art. 41 de la Constitución Nacional. Falló el federalismo de concertación de que hablamos en el punto anterior.
Esto se trata expresamente en el veto, cuando dice que "los Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias". Si se hubiera concertado previamente, esto no habría ocurrido.
El segundo motivo del veto radica en artículo 7° del Proyecto de Ley, que dispone que todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente, con excepción de las actividades de rescate, científicas y deportivas.
Al respecto, el decreto remarca que en la actualidad, previamente a la autorización de cualquier actividad y la concreción de cada inversión, debe verificarse a nivel provincial la viabilidad técnica y ambiental de su realización, y así únicamente se procede a autorizar las actividades que implican o conllevan la posibilidad de realizarse en el marco de un desarrollo sustentable con cuidado del medio ambiente.
Sin negar la veracidad de esta afirmación, creemos que los glaciares constituyen una unidad sistémica en términos ambientales, de modo que la uniformidad de criterios en cuanto a los niveles de exigencia de los E.I.A.S. y recaudos para su posterior aprobación no es descabellada. Antes bien, resulta acorde a la naturaleza interjurisdiccional del bien; que corre más riesgos de degradación por el quehacer inorgánico y sordo de las distintas autoridades administrativas. Como están las cosas, puede ocurrir que en una provincia cierta actividad productiva esté vedada, mientras que en otra no, y esta disparidad de criterios no hará más que incentivar a las empresas inversoras a intensificar la explotación donde les es permitido; respecto del mismo sistema de glaciares. Nos parece lógico, entonces, que el referido artículo 7° del Proyecto de Ley condicione cualquier actividad no prohibida a la presentación y aprobación de estudio de impacto ambiental.
El tercer motivo del veto reposa en el art. 15 del Proyecto, en cuanto establece que las actividades descriptas en el artículo 6°, en ejecución al momento de la sanción de la norma deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales generados, y en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
La objeción radica en que la norma no pondera que cada actividad en ejecución en las provincias involucradas pasa por las evaluaciones y autorizaciones ambientales pertinentes antes de entrar en ejecución y es objeto de monitoreo constante por parte de las autoridades ambientales provinciales en "plena armonía, equilibrio y cuidado del medio ambiente".
Volvemos sobre lo mismo, un parate al avasallamiento de las competencias locales, de desautorización de las instituciones, normas y controles locales existentes respecto de las obras de infraestructura, industriales, mineras, hidrocarburíferas, etc.; y el negativo impacto económico de las eventuales medidas de cese o traslado de la actividad, según resulte de la auditoría.
En suma, se entiende, y compartimos en lo que hace a los arts. 6° y 15, que al disponer el Proyecto en dichos puntos sobre recursos provinciales, sin previo diálogo y acuerdo con las provincias involucradas (16), excedió el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Se incumplió con la técnica del federalismo de concertación.
V. Reflexión final
Más allá del costado político de la cuestión, del nivel de desgaste que pudo haber tenido la gestión de la por entonces ya muy cuestionada ex -Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, que quizás motivó el rechazo tan rotundo del Proyecto, lo cierto es que las apuntadas falencias pudieron trabajarse en conjunto con los gobiernos provinciales, para obtener su subsanación. El argumento de que el proyecto, sin los puntos objetados, perdía unidad de sentido y chocaba con el espíritu de la norma, no nos resulta totalmente convincente.
El Proyecto contenía otras valiosas previsiones, como el inventario nacional de glaciares, que preveía la información registrada y actualizada de los glaciares, su estado, retroceso o avance (art. 4° del Proyecto), su monitoreo en coordinación con el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología (art. 5°); la propulsión de unicidad de criterios a partir de estudios centralizados de impacto ambiental (art.7°); la creación de una única autoridad de aplicación, nuevamente para evitar la disparidad en el manejo de este recurso fundamental, con cometidos específicos (art 10); el establecimiento de un régimen de sanciones para casos de infracciones a las disposiciones de la ley (art. 11 y sgtes).
No se trata de frenar el desarrollo sino de preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas; más allá de su impactante belleza paisajística, que también amerita protección. Hemos dicho ya que sólo un 3% aproximadamente del agua en el planeta es dulce, y de ese porcentaje, solamente el 30% resulta susceptible de consumo por el ser humano, de actividades de riego y brebaje de animales terrestres. Y no sabemos si algún día será viable la desalinización del agua de océanos y mares; y aún si fuera así, como impactaría ello en el equilibrio del ecosistema.
No es en la coyuntura una mala gestión de la cartera ambiental lo que está en juego, como tampoco los números puntuales de las inversiones extranjeras en curso o proyectos productivos en la agenda de los gobiernos provinciales; es el respeto al dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, y del otro costado, la necesidad de avanzar en una protección más estratégica, integral y coordinada de semejante reserva de agua dulce, de cara a las generaciones venideras.
Ni uno ni otro aspecto pueden subestimarse; ambos ameritan un abordaje expreso, serio y responsable. Esperamos que este mal habido Proyecto sirva, aunque más no sea, como un primer borrador de trabajo, y que no se lo condene a un sueño eterno.
Esa tarea, resta decir, deberá enmarcarse en la práctica de un enérgico federalismo de concertación, en la búsqueda de consensos necesarios en pos de dictar la norma más adecuada y justa; analizando cada una de las necesidades de los gobiernos locales y priorizando el interés público de la comunidad por encima de otros intereses. El debate y discusión deben ser plenos, procurando también la implementación de herramientas de participación ciudadana, donde el sector académico y científico también esté presente.-

(1) MARIENHOFF, Miguel Santiago, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo VI, Tercera Edición, Editorial Abeledo Perrot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, pág. 45.
(2) RENOU, Leandro, "Todavía existen 150 millones de latinoamericanos sin agua potable", Revista Algo en Común, año IV, N° 35, diciembre 2008.
(3) DEL CAMPO, Cristina, "El Derecho al Trasvase de Cuencas. Una cuestión de recursos hídricos provinciales regulables por las leyes de presupuestos mínimos ambientales", Editorial Lexis Nexos, Revista Derecho Ambiental N° 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005, pág. 64.
(4) GARCÍA, Aniza. "El Derecho Humano al Agua", Editorial Trotta, Madrid, España, 2008, pág. 149.
(5) Puede ampliarse sobre el particular, siguiendo BIBILONI, Homero M. "Ambiente y Política", Editorial RAP, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008, pág. 424.
(6) MARIENHOFF, Miguel Santiago "Tratado de Derecho Administrativo" … ob cit N° 1
(7) Frente a esta idea de que los suministradores de servicios públicos prestados por el Estado son poco eficientes, la realidad demuestra lo contrario. Por ejemplo desde 1995 el servicio de agua en Sao Paulo, Brasil (SABESP), inició una importante reestructuración para funcionar de manera más moderna y eficaz y, recientemente, a raíz de esta reorganización ha podido ampliar su base generadora de ingresos (91% de la población accede a agua potable y el 71% tiene desagües cloacales).
(8) Sancionada el 28 de noviembre de 2002, promulgada el 30 de diciembre de 2002 y publicada en el Boletín Oficial el día 3 de enero de 2003.
(9) Cuyos presupuestos mínimos de protección se encuentran regulados en la ley 26.331, B.O. 26/12/07 (Adla, LXVIII-A, 29).
(10) Puede ampliarse en ROSATTI, Horacio D. "Derecho Ambiental Constitucional", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2004, Cap. XI.
(11) Excluimos lo atinente a responsabilidad por daño ambiental -puntualmente los arts. 27, 28 y 29- donde se instituye un sistema objetivo y agravado respecto del modelo del art. 1113 del CC, de definido corte nacional.
(12) Coincidimos plenamente, en este punto, con SABSAY, Daniel Alberto - DI PAOLA, María Eugenia, "El federalismo y la nueva ley general del ambiente", Adla, 2003-A, 1385.
(13) El análisis histórico actualizado del federalismo en Argentina puede consultarse en ZUCCHERINO, Ricardo Miguel - MORENO RITHNER, María Josefina, "Tratado de Derecho Federal, Estadual, Estatuyente y Municipal", Ed Lexis Nexis, Bs As. 2007, tomo I.
(14) Consejo Federal del Medio Ambiente.
(15) Igual que el previsto por el art. 75 inc. 2do de la Constitución Nacional, para la sanción de la tan postergada Ley-Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos.
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